En Chile un modelo extractivista de desarrollo, centrado en la exportación de recursos naturales con escaso valor agregado, permitió un prolongado crecimiento económico a partir de la década de los 80.
Actualmente, este modelo genera tensiones en los distintos territorios que se vieron vulnerados por este tipo de crecimiento. Lo que en un principio fue una oportunidad, con el pasar de las décadas se convirtió en una amenaza para el bienestar de las personas y eventualmente en conflictos socioambientales que afectan insoslayablemente la calidad de vida de quienes habitan estos lugares.
Con el pasar de los años en estos territorios se ha generado una oscura relación de dependencia económica debido a que estas industrias se han convertido en el motor del empleo local, – lo que dificulta cualquier plan de reconversión y diversificación económica-. A modo de ejemplo, en el archipiélago de Chiloé vimos a sus familias transitar de nutridos procesos económicos en sus costas, en donde convivía la pesca artesanal, la pesca en corrales y la recolección de orilla hacia la instalación agresiva de la industria salmonera que generó empleos poco calificados para la población local.
Según el INDH – Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile – los conflictos socioambientales se definen cómo:
“Disputas entre diversos actores -personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas”.
Según este organismo, en Chile se han constatado la existencia de 126 conflictos socioambientales, en donde las industrias ligadas a la extracción de recursos naturales comprometen el desarrollo sostenible de los territorios. El sector minero, forestal, energético y sanitario son las principales industrias detectadas como contaminantes.
Las localidades en donde se instala una planta de tratamientos de residuos, una empresa forestal o una planta de energía a carbón son zonas geográficas que han hipotecado su bienestar y su futuro. En Chile, a estas localidades se les llama “zonas de sacrificio”, nombre que estigmatiza y que hace alusión a un estado permanente de daño medioambiental por un bien común para la sociedad, cómo sería tratar los desechos o producir energía para un área metropolitana. Sin lugar a dudas, este modelo de desarrollo es insostenible y si sumamos la variable del cambio climático se hace imperativo transitar rápidamente hacia modelos económicos verdes y circulares que entreguen mayor armonía a los territorios.
Es en este escenario en donde la industria del turismo es sinónimo de esperanza, de superación de conflictos socioambientales y de reactivación socioeconómica por medio de la reconversión o diversificación.
Hoy en día vemos casos como el de Puerto Saavedra en la región de la Araucanía en donde pescadores artesanales, producto del impacto de la pesca de arrastre, han modificado sus botes e impulsado una estrategia de turismo fluvial. Del mismo modo, otro caso emblemático es el de Petorca, comuna afectada fuertemente por la agroindustria y la sequía, que impulsa la ruta turística “Donde el Diablo Perdió el Poncho” que conecta el patrimonio cultural y natural de sus localidades. Igualmente, Quintero-Puchuncaví puede ser uno de los casos más simbólicos en Chile si de contaminación industrial se trata, sin embargo, se está impulsando una estrategia de turismo rural y gastronómico que podría reencaminar la comuna en lo económico si se llegarán a cerrar o regular las plantas químicas, termoeléctricas, cementeras, refinerías de petróleo y de cobre que se encuentran concentradas actualmente en esta área geográfica.
En conclusión, el desarrollo potencial de la industria del turismo en territorios que se encuentran en conflictos socioambientales es una alternativa que entrega ESPERANZA a las comunidades locales. Asimismo, el TURISMO es una ventana para ver a la comunidad cómo el activo principal para el desarrollo sostenible y una oportunidad para entregar equivalencia en las experiencias vitales entre territorios urbanos y rurales.
