La administración de los aeropuertos es uno de los temas más sensibles dentro de la política pública contemporánea, especialmente en países cuya economía depende de manera significativa del turismo. En la República Dominicana, donde el transporte aéreo constituye la principal puerta de entrada de visitantes, el debate sobre la gestión aeroportuaria adquiere una dimensión estratégica que trasciende lo económico y se adentra en los ámbitos de la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la competitividad turística.
Desde finales del siglo XX, el país optó por un modelo de concesión privada de aeropuertos, delegando la operación, mantenimiento y expansión de las principales terminales aéreas a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), bajo la supervisión del Estado dominicano. Este esquema respondió a una lógica ampliamente promovida a nivel internacional: atraer inversión, modernizar infraestructuras y mejorar la eficiencia operativa sin comprometer recursos fiscales directos.
Índice
El aeropuerto como infraestructura estratégica del Estado
Aun cuando la operación sea privada, los aeropuertos siguen siendo, por naturaleza, infraestructuras críticas del Estado. En ellos convergen funciones esenciales vinculadas a la seguridad nacional, el control migratorio, aduanal, sanitario y la protección del espacio aéreo. Ningún modelo de concesión elimina la responsabilidad indelegable del Estado sobre estas áreas, que permanecen bajo control de instituciones públicas como migración, aduanas, fuerzas armadas y organismos de seguridad.
En este sentido, el debate no gira en torno a si el Estado “pierde” soberanía al concesionar aeropuertos, sino a cómo regula, supervisa y equilibra la relación con los operadores privados para asegurar que el interés público prevalezca sobre la rentabilidad estrictamente comercial.
Turismo, conectividad y la visión del WTTC
Desde la perspectiva turística, la República Dominicana ha sido un caso frecuentemente citado como ejemplo de cómo la conectividad aérea impulsa el crecimiento del sector. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en su Millennium Policy Framework, ha sostenido que el desarrollo del turismo global requiere mercados abiertos y competitivos, así como reformas en la aviación que incluyan la liberalización del transporte aéreo y la participación del sector privado en aeropuertos y aerolíneas.
Según este enfoque, la privatización o concesión bien regulada puede contribuir a:
- Mejorar la eficiencia operativa de los aeropuertos.
- Incrementar la competencia entre aerolíneas.
- Reducir tarifas aéreas.
- Aumentar el flujo de pasajeros.
- Generar empleos directos e indirectos en toda la economía turística.
Gran parte del crecimiento turístico dominicano en las últimas décadas ha estado asociado a esta lógica: expansión de rutas, aumento de frecuencias, modernización de terminales y fortalecimiento de la conectividad internacional.
Tensiones recientes y el rol del Estado regulador
No obstante, el contexto actual ha puesto nuevamente el tema en el centro del debate público. Las recientes expresiones del presidente Luis Abinader, manifestando inconformidad con aspectos de la gestión de AERODOM, evidencian una realidad clave: la concesión no exime al Estado de ejercer autoridad, fiscalización y presión política cuando entiende que el interés nacional o el desarrollo del país pueden verse afectados.
Estas tensiones no son exclusivas de la República Dominicana. En múltiples países, los gobiernos han cuestionado a operadores aeroportuarios privados por temas relacionados con tarifas, inversión, calidad del servicio o alineación con las metas de desarrollo nacional. Lejos de representar un fracaso del modelo, estos conflictos reflejan la complejidad inherente a administrar infraestructuras que son, simultáneamente, activos económicos y símbolos de soberanía.
¿Estado o privado? Una falsa dicotomía
Plantear el debate en términos absolutos —Estado versus sector privado— resulta limitado. La experiencia dominicana muestra que el verdadero desafío radica en la calidad del contrato de concesión, la fortaleza del marco regulatorio y la capacidad del Estado para hacer cumplir sus prerrogativas.
Desde el punto de vista turístico, restringir la inversión privada o generar incertidumbre en la gestión aeroportuaria puede afectar la competitividad del destino. Desde el punto de vista estatal, una supervisión débil o una concesión desequilibrada puede limitar la capacidad del país para alinear la infraestructura aérea con su proyecto de desarrollo nacional.
Reflexión final
La República Dominicana se encuentra en un punto donde debe profundizar el debate sobre su modelo aeroportuario sin simplificaciones. Los aeropuertos no son únicamente terminales de pasajeros; son nodos estratégicos donde confluyen seguridad, economía, turismo y política pública.
El reto no consiste en elegir entre Estado o sector privado, sino en construir un modelo de gobernanza aeroportuaria que garantice seguridad nacional, fomente la competitividad turística y asegure que la infraestructura aérea responda a los intereses de desarrollo del país, hoy y en el largo plazo.
