El presente análisis aborda la urgente necesidad de reevaluar el paradigma de la tasación económica del servicio de guianza turística en Colombia. Se observa una marcada discrepancia en el mercado donde la tarifa del guía profesional es tratada como un costo marginal o un requisito normativo a cumplir, en lugar de reconocer su valor intrínseco como eje central de la experiencia y garante de la operación. Esta visión, que prioriza el precio sobre el valor, debilita la calidad del servicio y la sostenibilidad ética del turismo como fenómeno social, el cual se entiende como una interacción compleja hecha por sujetos para sujetos (M. Ledhesma – 2017).
El profesional de la guianza ostenta una responsabilidad que trasciende la narración histórica o la logística. En el contexto legal, particularmente en el marco normativo colombiano e internacional, el guía es el primer respondiente legalmente designado en el terreno. Esta distinción es crucial, ya que implica la potestad y la obligación de asumir el control, la gestión de riesgos y la custodia del viajero ante cualquier eventualidad o crisis, desde percances logísticos hasta emergencias de seguridad. Dicha carga de cumplimiento profesional y administrativo es un factor fundamental que debe ser incorporado en la estructura de costos.
La interdependencia operativa y legal es ineludible. La vigencia (en el caso de Colombia) de la Tarjeta Profesional (TP) y la renovación constante del Registro Nacional de Turismo (RNT) por parte del guía no son trámites accesorios; son condiciones sine qua non para la legalidad de la operación de la agencia. Sin el RNT vigente del guía, la agencia no puede incluir dicho servicio en su esquema operativo legal, exponiéndose a sanciones graves. Adicionalmente, el mantenimiento de la experticia requiere una inversión continua en la actualización de conocimientos, abarcando no solo la data de atractivos, sino las normativas sectoriales, los protocolos de seguridad y, fundamentalmente, el vínculo afectivo y la humanización de la experiencia. Cuando las agencias minimizan la tarifa, se induce al profesional a subsidiar, con su tiempo y esfuerzo, los costos operativos y el riesgo legal del negocio, lo cual configura una práctica de explotación.
Un análisis riguroso de la praxis revela una tendencia preocupante: la suplantación profesional. Es común la utilización de personal no certificado —como «acompañantes» o «facilitadores bilingües»— que carece de la formación técnica y la habilitación legal (TP y RNT) requerida. Esta evasión regulatoria busca reducir el precio de la guianza, pero genera un doble perjuicio: por un lado, expone a la agencia y al viajero a un riesgo legal y de seguridad tangible, dado que el personal no posee la potestad legal ni la formación para gestionar crisis; por otro, degrada la calidad de la experiencia. El servicio se transforma de una experiencia guiada y humanizada a un mero paseo sin contexto, afectando la dignidad de la visita al destino y a sus comunidades.
El valor intrínseco de la guianza reside en el componente afectivo y la conexión humana. El guía profesional transforma un itinerario en una memoria perdurable, siendo el principal factor predictivo de la satisfacción del cliente, la intención de recomendación y la fidelización. La capacidad del guía de imprimir alma al relato, de generar un lazo genuino y de dignificar la experiencia para la comunidad y el viajero, justifica una prima en la tarifa.
La inversión en un honorario digno se correlaciona directamente con la calidad del producto final y la protección de la reputación corporativa. Por lo tanto, dejar de percibir la guianza como un requisito y empezar a verla como el eje central de la excelencia operativa, el cumplimiento normativo y la humanización del fenómeno social turístico, es una decisión de negocio inteligente, ética y responsable con la promesa fundamental que se hace al viajero.